República de Colombia
Corte Constitucional
Presidencia
Oficina de Comunicaciones
Boletín de noticias 1º de marzo de 2012
EL TIEMPO
REEMPLAZO DE VIVIANE MORALES SOLO ESTARÍA 17 MESES COMO FISCAL
La corte Suprema de Justicia tiene 23 magistrados. Durante la elección de Vivian Morales solo había 18, pues cinco habían cumplido periodo.
Si el Consejo de Estado no define el tema en su fallo, es inminente una nueva demanda.
Aunque fue el error cometido por la Corte Suprema al modificar su reglamento para elegir a la fiscal Viviane Morales el que terminó decidiendo su salida del cargo, la discusión de esa demanda en el Consejo de Estado tiene aún varios capítulos pendientes.
El magistrado Víctor Hernando Alvarado tiene a su cargo la elaboración de la ponencia definitiva, que reemplazará a la que dejaba a salvo la elección de la Fiscal y se convertirá en sentencia. En sus manos está la posibilidad de que el Consejo de Estado aborde de fondo dos temas que sí fueron discutidos en la sesión del pasado martes, pero sobre los que no hubo decisión: el período para el que será elegido el nuevo Fiscal General y cuál es finalmente la terna que está vigente para llevar a cargo esa elección.
Los 24 magistrados que participaron en el debate votaron la primera ponencia en bloque. Quince de ellos la negaron y por eso quedó en firme la posición contraria, que implicaba la nulidad de la elección de Morales. (Lea también: 'Pudo haber un error pero jamás mala fe', dijo presidente de la Corte Suprema)
Aunque la Fiscal podría intentar el camino de una tutela para salvar su permanencia en el cargo, sus posibilidades, según expertos, no son muchas.
Otras objeciones
Pero a lo largo de las nueve horas que duró la discusión definitiva, este martes, varios magistrados plantearon que Morales también se debía salir del cargo por otros reparos de fondo.
El primero de estos era la facultad que tenía el presidente Juan Manuel Santos para reemplazar la segunda terna enviada por el gobierno Uribe.La posición de varios de los consejeros apuntaba a que la segunda terna solo podía cambiarse por causas de fuerza mayor (como la renuncia de uno o todos sus miembros), algo que no ocurrió.
Además, el Gobierno habría incurrido en un error de trámite, pues la notificación del cambio de terna no llevó la firma del Ministro del Interior y de Justicia. (Lea también: 'Fiscal debe conocer de derecho penal': afirma Consejo de Estado)
El hecho es que no hubo decisión formal sobre ese punto y cabe la posibilidad de que la discusión se abra en la segunda ponencia y el Consejo de Estado termine resolviendo el tema.
Pero también podría darse el escenario de que no haya pronunciamiento y, entonces, el chance de una nueva demanda contra quien llegue al cargo de Fiscal General estaría latente.
El otro tema candente es el del periodo del nuevo Fiscal. En el Consejo de Estado es fuerte la posición según la cual quien llegue solo estará en el cargo hasta el 31 de julio del 2013, pues los periodos son institucionales y no personales, como lo estableció la reforma política del 2006. Ese era el único punto de la demanda que el ponente inicial, Alberto Yepes, había concedido.
Ahora, si el nuevo magistrado ponente lo plantea en su informe y el Consejo de Estado así lo determina, el fallo podría cerrar la discusión entre los que defienden el periodo institucional 2009-2013 y los que sostienen que hay jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el periodo personal del Fiscal General.
Si el Consejo de Estado decide no pronunciarse sobre el punto, una vez más, una demanda ante el mismo tribunal y por el mismo tema será inminente.
Posible encargado, de 33 años
Con tan solo un mes como vicefiscal, Wilson Martínez, un abogado de 33 años, asumiría temporalmente el segundo cargo más importante del país.
Martínez ha pasado gran parte de su vida estudiando o dictando clase y nunca había ocupado cargos públicos ni participado en política. Trabajó cinco años en la oficina de abogados del exvicefiscal Francisco José Sintura y conoció a la Fiscal General siendo director de investigación en derecho penal económico de la Universidad del Rosario, de donde es graduado.
Hizo parte de su equipo de empalme y cuando ella asumió, fue designado asesor del despacho. Con la salida de Juan Carlos Forero fue nombrado vicefiscal.
Demandante, un abogado de vocación tardía
Al tiempo que la opinión pública hablaba del fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de la fiscal Viviane Morales, comenzaba a sonar el nombre de Ferleyn Espinosa Benavides.
Fue él, un estudiante de derecho de 34 años, quien interpuso la demanda que terminó tumbando a la Fiscal, un año y dos meses después de que se posesionó
Espinosa cuenta que un comentario en sus clases de derecho -está en décimo semestre- lo motivó a escribir, con la guía del abogado Miguel Antonio Acosta Monroy y de asesores "santistas y uribistas", la demanda que presentó para "hacer respetar la Constitución".
Asegura que jamás se imaginó que esta fuera aceptada para estudio y mucho menos que el Consejo de Estado le diera la razón en su tesis de que había un error en la elección.
Esta es su primera actuación en su carrera como abogado que, dice, no ha podido iniciar oficialmente dado que por su nivel de inglés (malo según afirma) y por una materia pendiente no se ha graduado en la Corporación Universitaria Republicana.
Espinosa cuenta que se matriculó en esa universidad, que pocos conocen, con el sueño de ser abogado, pese a que no era una persona brillante ni sobresaliente en los estudios. Cuando terminó el colegio, a los 28 años, quiso estudiar una ingeniería que se relacionara con su antiguo trabajo: la metalurgia.
"Pensé que al salir de la universidad a los 35 años iba a ser complicado encontrar un trabajo como ingeniero. En cambio, para un abogado no importa la edad para iniciar una carrera", sostiene.
Con una beca y con ayuda de sus padres, dice, inició de noche la carrera en la Republicana.
Su historia, para algunos, suena de película. Por eso, no descartan que detrás de él haya abogados de postín, algo que Espinosa niega de tajo.
RECHAZO A CONDENA POR INJURIA CONTRA UN PERIODISTA DE FUSAGASUGÁ
Luis Agustín González fue condenado por columna que critica a exsenadora Leonor Serrano.
Como una decisión sin precedentes en el país fue calificada la condena por injuria que ayer profirió la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca contra el periodista de Fusagasugá Luis Agustín González.
González enfrenta el proceso desde enero del 2009 por una columna de opinión que escribió en su periódico y en la que criticó las aspiraciones políticas de la exsenadora Leonor Serrano.
En la sentencia, que fue leída ayer, el Tribunal absolvió al comunicador del delito de calumnia, pero le confirmó la condena por injuria. "Me van a condenar por utilizar palabras como 'figurilla', 'politiquera' y 'forma descarada y amenazante' ", le dijo a EL TIEMPO González.
En octubre del 2011, en primera instancia, el Juzgado Primero Penal de Fusagasugá había condenado al comunicador por ambos delitos.
"Es un precedente muy grave para la libertad de expresión en Colombia. Es casi configurar el delito de opinión, y es otra vez el uso de demandas para silenciar a los medios y al periodismo", afirmó Nora Sanín, directora de Andiarios.
"Eso (la condena) limita la posibilidad del debate libre de las ideas y opiniones, y vulnera todos los estándares internacionales que le dan prevalencia a la libertad de expresión frente al buen nombre de los funcionarios o de los personajes públicos", dijo Sanín.
En el mismo sentido se pronunció Andrés Morales, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, quien comparó la decisión con la tomada en Ecuador contra El Universo, y aseguró que en adelante será necesario "un decálogo de adjetivos" que no se podrán usar para referirse a un político o funcionario.
INCERTIDUMBRE EN EL PAÍS TRAS FALLO QUE ANULÓ ELECCIÓN DE LA FISCAL
La fiscal general, Viviane Morales, fue recibida ayer en la Fiscalía con aplausos y abrazos de solidaridad. Carlos Ortega / EL TIEMPO
Santos dejó abierta posibilidad de ternar a Viviane Morales, pero no es claro si puede hacerlo.
La zozobra institucional que durante 16 meses -entre agosto del 2009 y noviembre del 2010- se vivió en la Fiscalía reapareció ayer, tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Viviane Morales como Fiscal General de la Nación, por vicios en el trámite surtido en la Corte Suprema. (Entrevista con el hombre que presentó al demana contra la Fiscal)
Ayer Morales, que seguía guardando silencio frente a su situación, fue recibida entre aplausos en el búnker de la Fiscalía. (Vea una galería del recibimiento)
Pero la inquietud de varios fiscales por el futuro de procesos relacionados con el despacho de la Fiscal era evidente. Incluso, algunos podrían terminar cerrados por vencimiento de términos.
Mientras el país sigue a la espera de conocer el texto oficial del fallo, proceso que podría tardarse hasta un mes, no hay claridad sobre varios asuntos claves inherentes a la caída de la elección de Morales.
De hecho, la única referencia del presidente Juan Manuel Santos al tema dejó abierta la posibilidad de que la saliente fiscal repita figuración en la terna que debe ser presentada a la Corte Suprema. Esto, porque incluso la libertad del Gobierno para incluir nuevos nombres en su lista de aspirantes está en veremos.
Además, en varios sectores se comentaba ayer sobre la responsabilidad que le cabe en la nueva situación a la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que reinterpretó la norma de la mayoría calificada en diciembre del 2010 para elegir a Morales como Fiscal General
El reglamento interno dice que requería al menos 16 votos, pero solo obtuvo 14. La Corte tomó esta decisión sobre la base de que había cinco vacantes definitivas en el tribunal.
A través de su presidente, Gabriel Zapata, la Corte Suprema defendió ayer el procedimiento escogido por ese tribunal en el 2010 para acabar con el limbo de 16 meses que completaba en ese momento la elección del sucesor de Mario Iguarán en la Fiscalía. Dijo que "si hubo error, no fue de mala fe". (Pudo haber un error pero jamás mala fe', dijo presidente de la Corte Suprema)
Tras casi año y medio de dilación en el proceso, la Sala Plena de la Corte decidió "interpretar" el reglamento y rebajar por esa única vez el número de votos exigidos para esa elección, de 16 a 14.
Esa decisión fue considerada ilegal por el Consejo de Estado y por eso la interinidad en la Fiscalía está de vuelta.
"La Corte espera conocer los términos de la sentencia para adelantar las acciones dirigidas a llenar el vacío que deje su salida del cargo (de Morales)", dijo Zapata. En su momento, varios magistrados de la Corte advirtieron de la posible ilegalidad de la decisión y anunciaron la inminencia de demandas como la que terminó sacando del cargo a Morales.
Los problemas derivados de otra eventual dilación en la elección de Fiscal, según el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, "volverán a impactar el desarrollo de las funciones de la Fiscalía de manera general".
"La interinidad de la primera elección, de casi 18 meses, y ahora esta posible interinidad impiden necesariamente que quien llegue trace y ejecute políticas (...) Va a haber una alteración, que la vez pasada se sintió con el atraso en algunos procesos penales", agregó.
Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, advierte a su vez que el funcionamiento del organismo investigador "inevitablemente se verá impactado" y que lo que procede es que la Corte "decida cuanto antes", una vez el Ejecutivo presente su terna.
El punto es que como resultado de un error de procedimiento cometido en su Sala Plena, la Corte Suprema volverá a tener en sus manos la designación del Fiscal General. Aunque la polarización entre el alto tribunal y el Ejecutivo de la época es historia superada, el momento actual es sensible, pues el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las altas cortes están enfrentados por los alances de la reforma de la justicia que se discute en el Congreso.
En ese sentido, el exprocurador Bernal Cuéllar dice que lo ocurrido en los últimos tres años "debe servir de experiencia para que no se radicalicen posiciones y no se cometan los mismos errores" en el nuevo proceso que comienza.
Ya la Comisión de Acusación anunció que está esperando el fallo del Consejo de Estado para evaluar una eventual investigación contra los magistrados de la Corte Suprema.
Según el penalista Jaime Granados, "se debe eliminar el juego electoral" dentro de la justicia, pues la situación demuestra que "hizo corto circuito" el sistema de elección de dignatarios en la Rama Judicial.
Partidos respaldan que Morales vaya en nueva terna
La decisión del presidente Juan Manuel Santos de no descartar la inclusión de Viviane Morales en la nueva terna para Fiscal General generó ayer apoyos desde diversos partidos políticos. El presidente del Partido Verde, Lucho Garzón, fue uno de los más resueltos en apoyar a Morales para la nueva terna. "Su carácter, coraje y gestión" la califican para aspirar a mantenerse en ese cargo", dijo.
El senador liberal, Luis Fernando Velasco, también estuvo de acuerdo con la probabilidad de que la exfiscal permanezca en su cargo. "Me parece un gesto político importante del Presidente porque, como el mismo mandatario lo dijo, Viviane Morales en sus investigaciones ha tocado unos intereses muy complejos, y no querrá, desde ningún punto de vista, mandar un mensaje a la opinión pública de que esas investigaciones incomodan al Gobierno".
También el conservador y expresidente de la Cámara Carlos Alberto Zuluaga consideró como "un gesto de respeto y de dignidad" volver a postular a Morales.
" Creo que el Presidente la va a dejar y me parece que, independientemente de cualquier cuestionamiento que ella haya tenido, ha hecho una buena gestión en la Fiscalía".
Desde Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Motoa dijo que "sería una afrenta para la Fiscalía no ternarla". Dijo confiar en las capacidades de las mujeres y particularmente en las de Morales.
Más calculador con sus palabras fue el presidente de la 'U', Juan Lozano. Tras asegurar que es el Jefe del Estado quien tiene "los elementos de juicio para tomar la decisión que considere más conveniente para Colombia", agregó: "Ojalá acierte".
La presidenta del Polo Democrático, Clara López, se abstuvo de opinar sobre esto, pero lamentó la "fragilidad constitucional" que se genera con decisiones como la del Consejo de Estado.
El tema divide la opinión de la gente
Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para el Noticiero CM& sobre si las personas están o no de acuerdo con que el presidente Juan Manuel Santos presente de nuevo a la fiscal Viviane Morales en la terna que debe enviarle a la Corte Suprema para que elija Fiscal General, mostró que el tema divide la opinión.
Mientras el 52 por ciento de los consultados dijo estar de acuerdo con esta posibilidad, el 48 por ciento consideró que el Jefe de Estado no debe presentar el nombre de Morales en la terna.
El sondeo fue realizado este miércoles y consultó a 300 personas en cinco ciudades.
'FISCAL DEBE CONOCER DE DERECHO PENAL': AFIRMA CONSEJO DE ESTADO
Presidente de la Corte Suprema, por su parte, dimjo que el alto tribunal 'no cometió ningún error'.
El próximo Fiscal General debe ser penalista. Así lo señaló el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez.
Anulada la elección de la Fiscal, ¿de cuál terna se partirá?
El acto de elección del Fiscal se produjo por voluntad de dos autoridades, y al anularse ese acto es de suponer que ese procedimiento corre la misma suerte. Por lo tanto, y solo a manera opinión, pienso que se debe elaborar una nueva terna.
¿Viviane Morales estaría habilitada para integrarla?
El Presidente hace uso de un poder discrecional. Esto significa que el orden jurídico le entrega a él una relativa autonomía y libertad para que evalúe qué personas pueden ser ternadas en función de su competencia profesional, de sus requisitos constitucionales y para el cargo. En otras palabras, no se puede nombrar como ternado una persona que desconozca el derecho penal.
¿Comparte entonces la tesis que esgrimió en su momento la Corte para declarar inviable una de las ternas?
Esa discresionalidad del Presidente para conformar la terna tiene que estar fundada en un principio de razón proporcional. Es totalmente desafortunado que se elabore una con personas neófitas. Eso sería un abuso del poder discrecional.
¿El fallo en qué obliga a la Corte?
A evaluar las hojas de vida de los ternados. Y de ahí elegir el mejor y con 16 votos a favor. En esto, el Consejo de Estado fija jurisprudencia, por igual, para todas las altas cortes.
¿Quién ocupará el cargo de Fiscal mientras se elige?
En general, sería el nominador, en este caso la Corte Suprema, el que debe resolver ese punto.
'No debieron meterse en temas de autonomía'
El magistrado Jaime Arrubla, quien ejercía la presidencia de la Corte Suprema durante la elección de la Fiscal, dice que Viviane Morales puede seguir aspirando al cargo.
¿Se equivocó la Corte Suprema al elegir Fiscal?
Lo que hubo fue una decisión sobre un punto en controversia: la interpretación del reglamento de la Corte. Aquí no hubo ninguna tesis equivocada ni la Corte cometió un error. Simplemente es una norma ambigua que ha dado pie a dos interpretaciones.
¿Entonces cómo explica la anulación de esa elección?
La decisión de interpretar el reglamento se tomó por mayoría. En el Consejo de Estado la anulación se tomó también por mayoría, no por unanimidad. Eso quiere decir que la misma división que tuvimos en la Corte la tuvieron ellos. Ambos criterios son completamente razonables.
¿Comparte el fallo?
Nuestro juez natural para actos administrativos es el Consejo de Estado y lo que decida hay que acatarlo. Pero eso no me impide el derecho a la crítica respetuosa y creo que el Consejo de Estado no debió meterse en materia de autonomías y así está castigando su propia autonomía. Están dando pie para que al interpretar su reglamento venga un tercero a decir cómo hacerlo.
¿Volverán a votar en el mismo sentido?
Ahora la Corte Suprema tiene 23 miembros y nosotros continuaremos con el proceso de elección. La decisión del Consejo de Estado afecta la anterior elección, pero no la terna. Entonces, continuaremos donde íbamos con la misma, a menos de que los ternados renuncien o el Presidente la quiera rehacer.
EDITORIAL: LA DEUDA DE LA CORTE SUPREMA
La Corte Suprema tiene la responsabilidad de escoger con prontitud al nuevo Fiscal.
Por donde se la mire, la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de la Fiscal General de la Nación tendrá consecuencias indeseables. La caída de Viviane Morales no solo devuelve el ente investigador a la peligrosa interinidad del pasado, sino que desatará dudas jurídicas, pulsos políticos e intrigas para definir a su sucesor.
Antes de analizar los efectos inmediatos de un fallo que debe ser acatado, es importante recordar el origen de la crisis. Aunque la sentencia tenga la rúbrica del Consejo de Estado, es sobre la Corte Suprema de Justicia sobre la que reposan el pasado, el presente y el futuro de este desbarajuste institucional.
En primer lugar, fue el pulso del alto tribunal con el entonces presidente Álvaro Uribe el que generó 25 votaciones, la conformación de tres ternas, la dudosa tesis sobre su viabilidad y más de un año de interinidad en la Fiscalía. En diciembre del 2010, al no poder llenar sus propias vacantes por disputas internas, los magistrados alteraron el reglamento "por solo una vez" y escogieron el nombre de Morales con menos votos de los requeridos. Por eso, la elección está hoy sin sustento jurídico.
Es decir, por su enfrentamiento con el Ejecutivo o debido a sus peleas intestinas, la Corte Suprema de Justicia le ha incumplido a la sociedad colombiana y le cabe la máxima responsabilidad por el desbarajuste creado. Es ingenuo creer que la salida de la Fiscal General no producirá grandes traumatismos tanto en la marcha de importantes procesos judiciales como en el desarrollo de la política del Estado para enfrentar el crimen.
A Morales la remplazaría de manera interina su joven vicefiscal, con credenciales académicas, pero sin la experiencia suficiente para un cargo con tanto poder. El tercer encargado del ente acusador, en igual número de años, recibirá en su escritorio delicados casos, como las interceptaciones ilegales del DAS, Agro Ingreso Seguro, el 'carrusel' de la contratación de Bogotá y las falsas desmovilizaciones.
Al fallo de nulidad le seguirá una nueva terna elaborada por la Casa de Nariño. El presidente Juan Manuel Santos tendrá la posibilidad de proponer otra vez a Morales, así como de enviar una rama de olivo al sector uribista o apostarle a un aspirante alineado con la visión del Gobierno. Dependiendo de lo que ocurra se abre la oportunidad de dejar atrás las polémicas que rodearon la gestión de una funcionaria que ha hecho una buena labor y que, a pesar de ello, fue acusada de persecución política contra miembros de la administración anterior.
No obstante, quien llegue al cargo lo ejercería solo hasta julio del 2013, lo cual es totalmente inconveniente. Con razón se dice que el craso error de la Corte Suprema deja mal parada a la administración de justicia y huérfana a la acción penal del Estado a su más alto nivel. En un país con una rama judicial ineficiente y acusada de clienelista, tres años de inestabilidad en la cabeza del ente investigador es algo muy grave.
Lo paradójico de la crisis es que quienes la generaron tendrán en sus manos la selección del nuevo Fiscal. En medio del debate de la reforma de la justicia, la facultad de definir al sucesor de Morales les cae a los magistrados como anillo al dedo. Ante las profundas diferencias de criterio entre el Ejecutivo y las cortes frente al futuro de la rama, no sorprendería que estas usaran esa atribución como instrumento de presión.
La diferencia ahora es que la opinión ya presenció ese choque de poderes y sus nocivos efectos sobre la institucionalidad del país. Le queda a la Corte Suprema la responsabilidad histórica de corregir el error y escoger con prontitud el nuevo Fiscal. Es una deuda que tiene con Colombia.
EL ESPECTADOR
CON LA FISCAL GENERAL LUCHAMOS CONTRA LA CORRUPCIÓN": PROCURADOR
El jefe del Ministerio Público aseguró que la decisión del Consejo de Estado debe respetarse.
El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado prefirió no entrar en polémicas frente a la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de la fiscal General, Viviane Morales Hoyos, y solamente aseguró durante su gestión demostró ser una persona íntegra y trabajadora.
El jefe del Ministerio Público manifestó que durante su año y un mes de gestión Morales Hoyos tuvo un compromiso con la justicia, y principalmente se emprendió una lucha contra la corrupción.
“Tuve una perfecta articulación con la Fiscalía, logramos actuar de una manera consistente en diversos escenarios que permitió avanzar en la lucha contra la corrupción. Es una persona y funcionaria muy competente”, precisó Ordóñez Maldonado.
El Procurador General consideró además que pese a que la decisión del Consejo de Estado “no era muy esperado”, este tipo de fallos tienen que respetarse.
Igualmente prefirió no dar detalles u opiniones sobre la posibilidad de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos presente nuevamente en la terna fiscal a Viviane Morales Hoyos. “Yo no soy competente para dar un concepto de esa naturaleza”.
DURO CHOQUE ENTRE GOBIERNO Y CORTES POR REFORMA A LA JUSTICIA
Hubo recriminación a Minjusticia del Consejo de Estado y la Corte Suprema.
En un foro público organizado por la Universidad Libre sobre la reforma a la justicia, se acentuaron este miércoles más las diferencias entre el Gobierno y las Cortes sobre el proyecto.
En desarrollo del debate hubo un duro choque entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el viceministro Pablo Felipe Robledo -a nombre del Ejecutivo-, y el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, y el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez -a nombre de la justicia.
Primero fue Esguerra quien intervino y desmintió que se esté buscando privatizar la justicia. Justificó el proyecto en la idea de buscar descongestionar la rama judicial, a través de las facultades especiales para abogados y notarios, entre otros temas.
En respuesta a lo dicho por el ministro, el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, dijo que "con las leyes que pretenden reformar sobre la reforma a la justicia (…) estamos en un punto en donde la reforma resulta superflua".
De acuerdo con el magistrado, si el punto central de la reforma es descongestionar los procesos represados en los tribunales, "no hay necesidad de una reforma". "No se pueden atribuir las funciones de los jueces a otras ramas de poder", sostuvo.
Bustos, además, criticó que en la reforma se establezca que no se puedan investigar a partir de denuncias anónimas a los aforados del país.
En una contra respuesta, el viceministro Pablo Felipe Robledo dijo que todo lo que se pretende "no es invento de este Gobierno".
"Todo lo que se propone se ha propuesto en el pasado a nivel de ley y todas han sido declaradas inconstitucionales", dijo. Para el Gobierno, en la reforma al artículo 116 de la Constitución se corrige que actualmente, no existe un monopolio para una resolución de los conflictos entre los ciudadanos a favor de la rama judicial.
En replica al Gobierno, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, dijo que hay hacia la rama judicial "una estrategia de desacreditación".
En ese sentido, enfatizó que "erosionar a la justicia es someter a las nuevas generaciones a un despeñadero frente a la aplicación de la justicia".
Finalmente, pidió abrir una convocatoria a respetar a los administradores de justicia porque "nosotros en la rama judicial tenemos altos estándares de transparencia".
MILITARES TENDRÁN 'TRIBUNAL DE GARANTÍAS' EN PROCESOS
Minjusticia dijo que esa iniciativa fue incluida en la reforma a la Justicia Penal Militar.
Los militares que sean juzgados por delitos que cobije la Justicia Penal Militar tendrán un ‘tribunal de garantías’, según lo establece la completa reforma que tiene lista el Gobierno para ese sector.
Así lo dio a conocer el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien dijo que ese ‘tribunal de garantías’ cumplirá las mismas funciones que ejerce en la justicia ordinaria los jueces de garantías.
En el mismo sentido, el jefe de la cartera de justicia dijo que “el proyecto no pretende favorecer o perjudicar a nadie, ni propiciar formas de injusticia o de justicias inspiradas en una mala intención”.
Según él, nunca se ha querido “propiciar, patrocinar o fomentar la impunidad de los miembros de la Fuerza Pública: esa idea no está en la cabeza de nadie”.
Esguerra explicó que lo único que se quiere es “sacar del ámbito de competencia de la justicia ordinaria, asuntos que tienen que ver con las actividades de la Fuerza Pública”.
“La idea es establecer una fórmula equilibrada en la cual quede perfectamente claro que hay ciertos delitos que aún si estuvieran relacionados con un actos de servicio, jamás podrán ser de conocimiento de la Justicia Penal Militar por razón de las implicaciones que tienen y su propia naturaleza”, señaló.
Desaparición forzada, delitos sexuales, la tortura, y todas las acciones relacionadas con delitos de lesa humanidad, “está claro que jamás serán quitados a la justicia ordinaria”.
Finalmente, Esguerra defendió el sistema ‘mixto’ para definir la jurisprudencia en los procesos que se lleven en contra de uniformados. La idea es crear una comisión que en el mismo lugar de los hechos defina inicialmente la competencia de la Justicia Penal Militar o de la Justicia Ordinaria.
“La propuesta es que se cree una comisión que estaría integrada por representantes de uno y otro lado (Justicia Ordinaria y Justicia Penal Militar) para que esa comisión sobre el terreno mismo, pueda resolver primero los casos que pudieran generar algún tipo de duda sobre si son de un lado o si son del otro”, agregó.
CONSEJO SUPERIOR DESMINTIÓ QUE EXISTA 'CARRUSEL DE PENSIONES' EN ESE TRIBUNAL
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, este miércoles defendió la labor de esa corte y desmintió que exista al interior de ésta un 'carrusel de pensiones'.
"No es cierto que existan carruseles", dijo Lizcano en desarrollo de un foro de reforma a la justicia, adelantado en la universidad Libre.
Al citar el caso de su homólogo Ovidio Claros Polanco -quien fue señalado de estar implicado en el carrusel- Lizcano dijo que "le aparecen en la lista (de pensiones) nueve personas, donde muchas de ellas no pasan de los 40 años de edad (…) él nos presentó en la sala las pruebas que su despacho no ha generado ninguna pensión".
"Es un ataque con segundas intenciones, de quién, no sé, pero le han dado datos incorrectos a los medios", sostuvo.
De otro lado, Lizcano dijo que frente a las tutelas que falla el Consejo Superior de la Judicatura y que generan el llamado 'choque de trenes', "el problema no somos nosotros".
Según él, la tutela contra sentencias de altas corte es una función que le asigna la Constitución.
La respuesta del Consejo Superior surgió a raíz de los duros cuestionamientos del presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos.
El jurista pidió que en la reforma a la justicia se incluya la eliminación de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
En ese sentido, consideró que debe salir fortalecida la sala administrativa del Consejo Superior y no pasar a su eliminación.
Además, recordó que los magistrados de la sala disciplinaria están siendo investigados por la comisión de Acusaciones de la Cámara por el carrusel de pensiones.
¿Y AHORA?
El día martes el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección que dio lugar, hace poco más de un año, al nombramiento de Viviane Morales como fiscal general de la Nación.
Un balde de agua fría para una gestión que comenzó con impulso, pero que, hay que decirlo, desde hace unos meses había encontrado tropiezos por cuenta de su renovada relación con Carlos Alonso Lucio y los problemas éticos que de allí se desprenden.
Las razones del Consejo de Estado son bastante sencillas: la Corte Suprema de Justicia modificó el reglamento para la elección de la persona ternada, incumpliendo los requisitos exigidos. A saber: debían ser 16 votos positivos (las dos terceras partes de los 23 magistrados) y ella obtuvo 14. ¿Por qué fue elegida? Porque en ese momento se definió que como sólo había 18 magistrados, con 12 o más votos bastaría para que la elección fuera legal.
Al igual que el presidente Juan Manuel Santos, no vamos a cuestionar el fallo. Nos parece razonable que el Consejo de Estado haya decidido de esta manera, así sea por medio de una minucia de forma que, igual, redunda en la utilidad de los mecanismos democráticos. Nos preocupa, sin embargo, el problema de fondo: ¿qué pasa entonces con la Fiscalía? ¿En qué manos quedará? ¿En cuánto tiempo se sabrá quién reemplazará a Viviane Morales? ¿Será la misma Morales reelegida, ahora sí legalmente?
La Corte Suprema de Justicia, a juicio del Consejo de Estado, se equivocó. En su momento, la decisión de alterar el reglamento obedecía a un asunto de emergencia política: la interinidad. Basta con recordar ese período tan largo y vergonzoso, que duró nada menos que 16 meses, en el que no se decidía quién iba a estar a la cabeza del organismo de investigación más importante del Estado. Fue una operación de la Corte que sirvió para salir de ese peligroso lapso en el que podrían elevarse los índices de impunidad de este país y retrasarse las estrategias, las políticas y los enfoques unificados de investigación penal. Una decisión que, sí, fue un alivio, pero que mostró el irresponsable juego político en el que entró la Corte para bloquear las ternas del presidente Uribe.
Pero, ¿y ahora? Esa es la pregunta que debemos hacernos de una vez, antes de que quede en firme y se notifique el fallo. El presidente Santos ha mencionado que cualquier candidato, incluida Morales, podría estar en la nueva terna que se conforme. Debe ser un proceso rápido este de la conformación de una nueva terna, la elección y el regreso de una cabeza a la Fiscalía. Un país como este, de impunidad en sus delitos y de corrupción, merece solucionar esto en tiempo récord.
En principio sonaría como lo menos traumático que Viviane Morales fuera ternada y elegida, lo que ya hoy luce improbable. Pese a las batallas que ha dado —valientes en muchas ocasiones— su relación con Lucio sigue siendo cuestionable. No por razón de su intimidad, que respetamos, ni mucho menos por el machismo que ella arguye, sino por el conflicto de intereses que representa este cuestionado personaje ligado a buena parte de la criminalidad que ella debe investigar. Ésta es una relación inconveniente para Viviane Morales en su labor pública, no en lo privado.
Otra vez Colombia entra en un período de interinidad de la Fiscalía. Esperamos que no revivamos esos terribles errores del pasado, y una terna de técnicos competentes y sin distorsiones ni malas influencias pueda ser postulada para una rápida elección por parte de la Corte Suprema de Justicia. Es la primera vez que se vive un episodio de este estilo bajo la Constitución de 1991 y creemos que el presidente Santos, y luego la Corte, podrían sortearlo jugando con las cartas adecuadas. En el entretanto, que sigan las investigaciones, ojalá con el mismo rigor o más.
LA JUSTICIA AL GARETE
Por: Uriel Ortiz Soto
No existe en los actuales momentos calificativos distinto para definir la actual administración de Justicia en Colombia.
Con el fallo que acaba de proferir el Consejo de Estado declarando ilegal la elección de la doctora Vivianne Morales, como Fiscal General de la Nación, después de permanecer más de un año en el ejercicio de su cargo, es un petardo de altísimo voltaje jurídico que se lleva por delante la poca credibilidad que teníamos en las Altas Cortes.
Sencillamente este fallo puede interpretarse como una cuenta de cobro de las mafias incrustadas en los altos poderes del Estado, debido a que fueron muchos los callos que pisó tan acuciosa y honesta funcionaria, que iba a la vanguardia de depurar la administración de justicia en todos sus niveles.
Basta con mirar lo que está ocurriendo con el Acto Legislativo de Reforma a la Justica: las Altas Cortes se retiraron de su debate y trámite en el Congreso, simplemente porque llegó la hora de decirles basta ya, y no abusen más de la dignidad de sus cargos como Magistrados. ¿Será que los “Honorable Magistrados” de las Altas Cortes, tienen cargos de conciencia y les da temor que en los debates de Reforma a la Justicia, salgan a relucir muchas de sus inequidades y flaquezas? ¿Será que alguien los tiene secuestrados jurídicamente, por fallos amañados o de favorecimientos? ¿Oh será que se creen tan honestos y tan pulcros que quieren independencia absoluta y prefieren presentar su propio proyecto legislativo? ¡Qué peligro Dios mío!
¿Porqué los ciudadanos tienen que sufrir todos estos escándalos que se ciernen por parte de quienes como Administradores de Justicia deben dar ejemplo de pulcritud y de grandeza? Corresponde con urgencia al Señor Procurador investigar, para saber qué es lo que está pasando al interior de los tres Poderes Públicos, respecto al Proyecto de Ley de Reforma a la Justicia. Todos tienen la obligación de explicar al país el porqué la armonía y colaboración entre los mismos, ordenada por la Constitución, ha volado en mil pedazos. Las desavenencias que se presentaron en las últimas semanas del 2011, y el fallo politiquero que acaba de proferir contra la Fiscal, el Consejo de Estado, son un campanazo de alerta, que pone en grave peligro la ya malherida y tardía administración de justicia y la estabilidad democrática del País. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? El País tiene derecho a saberlo.
El Artículo 113 de la Constitución Política, dice muy claramente en su último párrafo: “Los diferentes Órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. Esto quiere decir que, con su comportamiento, están violando flagrantemente la Constitución Política. Sea quién tenga la razón, estos enfrentamientos son de suma gravedad. No puede haber hacia el futuro una pronta y confiada justicia, si quienes la van a ejecutar, no gozan de la confianza ciudadana.
¿Pero porqué se retiraron? En los diferentes mentideros políticos y reuniones sociales, se tejen diversas hipótesis:
1º- Se dice que, desde hace varios años, tienen mucha concentración de poder y que es preciso que el Legislativo entre a dosificarlo de acuerdo a las funciones específicas de cada una de ellas.
2º- Se dice también que, tienen poderes omnímodos y que por lo tanto hay que aterrizarlas para que se concreten únicamente en las funciones establecidas por la Ley para cada caso en particular.
3º- Se dice que, entre los “Honorables Magistrados”, existe tráfico de influencias, para hacer nombramientos de sus familiares, en muchos casos de sus esposas o compañeras, dentro de las mismas cortes u otras entidades del Estado.
4º- Se dice que, el carrusel de los magistrados auxiliares, que logran pensionarse con solo unos meses de servicio en una de las Altas Cortes, con salarios que sobrepasan los quince millones de pesos; sus padrinos son los Magistrado Titulares, ¿a qué precio y porqué?
5º- Se dice que, los “Honorables Magistrados”, gozan de una cantidad de prebendas, que es preciso someterlas a revisión, con el fin de dejarles las que realmente se ajustan a la Ley.
Existen otra serie de rumores de mayor gravedad, que de comprobarse, enlodaría a buen número de Magistrados que no es del caso mencionar, puesto que corresponde a los Organismos de Control, investigar con todo el rigor de la Ley. Esperamos que este lamentable fallo, pueda corregirse en el menor tiempo posible para que la administración de Justicia regrese a su normalidad. Pero, han de saber los Magistrados que votaron en contra que, en el corazón de la mayoría de los compatriotas existe la creencia que fue un fallo amañado y politiquero, que no corresponde la realidad jurídica del momento en que se hizo la elección.
EL NUEVO SIGLO
RAMA JUDICIAL ADOPTA PLAN TECNOLÓGICO
En medio del debate por los recursos para la rama judicial, que seguramente será uno de los temas más polémicos en el Congreso en la segunda vuelta de la reforma a la justicia, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptó el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial.
Señala la Sala Administrativa de este alto Tribunal, la cual es la encargada de manejar los recursos de la rama, que este Plan Estratégico “traza el norte para la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC´s en la administración de justicia”.
Añade que el objetivo del Plan es propiciar la modernización de la administración de justicia mediante el uso racional de las nuevas tecnologías, para lograr un servicio eficiente y efectivo, en condiciones de accesibilidad, celeridad y excelencia.
El Plan se inscribe en el marco compromiso de la Sala Administrativa para armonizar las políticas y proyectos de la rama judicial con los de orden internacional, tales como los de la Cumbre Judicial Iberoamericana de justicia y Portal de conocimiento jurídico; y con los del orden nacional, como el Plan Nacional de Desarrollo y las iniciativas Vive Digital y gobierno en línea del Ministerio de las TIC.
Los ejes del Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial son el modelo de expediente electrónico; justicia en red; gestión de la información; gestión del cambio; uso de las TIC para la formación judicial.
La oferta presupuestal de la reforma a la justicia ha sido puesto en discusión por las altas Cortes que consideran no atiende las necesidades de descongestión y de implementación de infraestructura física y tecnológica de la rama.
El proyecto de reforma establece que el presupuesto anual de la rama será del 2 por ciento más una adición de igual porcentaje de la tasa de inflación anual.
Igualmente en el articulado del dicho proyecto hay un parágrafo transitorio que establece un billón de pesos para el sector judicial durante los 5 años siguientes a la aprobación de la reforma.
.LA TERNA ESTÁ VIGENTE
En términos generales podría decirse, a raíz de la nulidad resuelta anteayer por el Consejo de Estado sobre la elección de la Fiscal General, que la diferencia de interpretaciones sobre el reglamento de la Corte Suprema de Justicia, en tal acto, no debería preponderar sobre el principio básico y categórico de que "los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines" (Art. 113 CN). Ello es, desde luego, capital a la estructura y espíritu constitucionales y es sobre esta base que están consagrados los objetivos esenciales del Estado (Art. 2 CN). En caso contrario, cuando los incisos de inferior rango prevalecen sobre las normativas superiores y en vez de armonización predomina la descoordinación entre las diversas Ramas del Poder Público, suelen producirse rémoras y anarquía.
Fue precisamente el principio antedicho el que sirvió, hace un año y medio, para que el presidente Juan Manuel Santos y la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, como voceros interesados de las Ramas Ejecutiva y Judicial, se sentaran en procura de resolver los entuertos y polarizaciones sobre la elección de Fiscal General de la Nación, que venían presentándose en el Gobierno anterior desde que se iniciaran las investigaciones por la parapolítica y se descubrieran las interceptaciones ilegales a los magistrados. Una vez cambiada la terna de Fiscal, con el aval de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, para el país era impostergable salir de aquel escenario divisionista y desgastante que el periodismo sólo venía llamando choque de trenes. Entonces, Presidente y magistrados actuaron con sindéresis, todo el país aplaudió, y determinaron resolver temas múltiples, entre ellos, la elección inmediata de Fiscal, la cobertura de vacantes en la Corte y la aproximación a una reforma de la Justicia concertada, aún en veremos.
Para la elección de Fiscal, y en vista de las reiteradas votaciones sin llegar a la mayoría calificada de 16 sufragios entre los 23 integrantes, la Corte interpretó que ella debía tomarse a partir del número de magistrados en propiedad, sin contabilizar las cinco vacancias que por cumplimiento del término o retiro forzoso habían quedado en la corporación. Es decir, un cálculo sobre los integrantes efectivos y en ejercicio. Si se quería salir de la crisis, y no continuar con el país y la Justicia en vilo, además de armonizar las Ramas del Estado, era, para ese momento preciso, una exégesis justa y acorde con las competencias constitucionales señaladas para darse e interpretar su propio reglamento. En modo alguno puede catalogarse ello de error administrativo porque por esa vía se estaría aceptando la extralimitación de funciones y por ende la violación del artículo 6 de la Constitución, matriz del prevaricato. Podría, incluso, homologarse el caso a la silla vacía, cuando por estos hechos se cambia el número de integrantes del Parlamento y se modifica automáticamente el quórum. Desde luego, el Consejo de Estado ha actuado bajo sus facultades y sabiduría, y el acatamiento debido exige reiniciar el proceso, aún pendiente de saberse si el nuevo Fiscal será para terminar período o iniciar uno completo. Otra vez, como en los casos de otras Cortes, no hay sentencias, por lo cual deberá esperarse el pronunciamiento formal.
El hecho es que, al anularse los mecanismos de elección, las cosas, en Derecho, se retrotraen al momento previo como si nunca hubieran ocurrido. En tal sentido, el acto administrativo de presentación presidencial de la terna sigue vigente. Puede actuar, pues, la Corte, una vez se conozca el fallo del Consejo de Estado, y puede, acorde con los requisitos constitucionales, acceder a la Fiscalía cualquiera de los tres, aun siendo el uno actual Ministro, la otra Fiscal sin competencias y el otro abogado independiente. Con una citación de la Corte a votación es suficiente para superar la nulidad con el quórum correspondiente. Si alguno de la terna desiste, puede también el Presidente incluir reemplazos. De lo contrario es a la Corte a la que corresponde, en el término de la distancia, seleccionar al que moral e idóneamente sea más apto.
VAN POR LA CONTRALORA
El ex ministro Fernando Londoño denunció que el Consejo de Estado prepara su estrategia para “tumbar” a la contralora Sandra Morelli Rico.
Adujo que la investigación que instruye la Contraloría por el “carrusel pensional”, en la que están inmersos miembros de las cuatro Cortes, prendió las alarmas puesto que los magistrados no están dispuestos a renunciar a sus pretensiones pensionales que tienen por cuenta de la insistencia de la señora Morelli, quien puso en su sitio a los integrantes del Consejo de la Judicatura, los mismos que propician desde sus cubiletes, gracias a acciones de tutela, las onerosas mesadas a los ‘gurús’ de nuestra Justicia.
Expediente. Con el expediente, según el cual se está extralimitando en sus funciones y designando conjueces motu proprio, por intermedio de ellos (no propiamente por la Comisión de Acusaciones) sino por el mismo Consejo Superior, proceden a desempolvar un expediente sobre su elección para hacerle la prueba que ya le hicieron a la fiscal Viviane Morales. Con esta experiencia, tiene más apelación una guía de marrano.
Premonitorio. El 26 de enero Londoño anunció premonitoriamente la caída de la fiscal Morales. Con las actas de la Corte Suprema en mano explicó cómo desde el máximo tribunal se violentaba el reglamento y la mayoría de los magistrados (no todos) prevaricaron de manera contumaz cuando uno de ellos dijo: “Hagamos esto por una sola vez”, toda una “pieza jurídica” que sirvió de apoyo a los Consejeros para anular la elección de la Fiscal.
Declaraciones. Salieron del magín del ex constituyente Hernando Yepes Arcila, en su reportaje a Margarita Vidal, quien le preguntó: ¿Qué opina de la encrucijada en que se encuentra la fiscal Morales por su matrimonio con Carlos Alonso Lucio?
“En primer lugar pienso que la señora fiscal nunca debió ser elegida. Creo que fue una frivolidad del presidente proponerla y fruto de la incapacidad de nuestra Corte Suprema, de unos años para acá, de atender con seriedad y limpieza su tarea electoral, el haberla llevado a una posición que no ha debido ocupar… Por otra parte, los colombianos infortunadamente tenemos una concepción muy indulgente frente a las personalidades públicas e hicimos de la vida privada un santuario inexpugnable... Toda sociedad tiene derecho a formularse juicio sobre las condiciones de su clase dirigente y a desechar aquellos elementos que, aunque sean meritorios, presenten en su conducta o en su pasado aspectos que los hacen menos idóneos para el ejercicio recto de una función pública… Yo creo que nunca la doctora Viviane fue calificada como la gran jurista que hoy destaca una prensa que, por lo demás, cumple un papel tan importante pero tan inquietante en la vida de los colombianos. Hoy está contra ella por los elementos puntuales que han decidido denunciarle pero, para justificar la rudeza del ataque, le ponen un piso exculpatorio diciendo que es una gran fiscal y resulta que no hay tal “gran fiscal”. La hemos visto endeble en muchas de sus actuaciones”.
CMI
«EL GOBIERNO QUIERE ACERTAR CON LA REFORMA A LA JUSTICIA»: MINJUSTICIA
Durante un concurrido foro en la Universidad Libre, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, negó que el proyecto de reforma constitucional a la justicia pretenda privatizar la Rama.
"La reforma constitucional apunta a dar respuesta a la descongestión de los despachos judiciales. No es cierto lo que se ha afirmado desdeñosamente, en el sentido de que el Gobierno y el Congreso están en plan de privatizar la justicia. A nadie se le ocurre tamaña necedad", afirmó el alto funcionario.
El jefe de la cartera de Justicia reiteró además que no es cierto que con este proyecto se busque acabar con el sistema de separación de poderes, eliminar la autonomía o someter a la Rama Jurisdiccional del poder público.
"Si yo estuviera en plan de avasallar la Rama jurisdiccional del poder público, estaría yendo en contra de mi propia sangre", aseveró Esguerra.
El ministro rechazó asimismo la idea de que este proyecto sea una oportunidad de revancha de los congresistas frente a las Altas Cortes.
CORTE RECHAZA DEMANDA CONTRA LEY DE SOSTENIBILIDAD FISCAL
La Corte Constitucional rechazó una demanda que se había presentado en contra de la Ley de Sostenibilidad Fiscal que fija topes a las acciones judiciales y embargos para que las finanzas del Estado no se vean afectadas.
La demanda contra la Ley fue presentada por un particular, quien alega que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos al poner limites a las acciones judiciales como la tutela.
Según la demanda, esta Ley afecta derechos sociales y económicos que se reconocen a través de mecanismos como la tutela, además de reparaciones e indemnizaciones.
El Alto Tribunal encontró que la demanda no fue bien sustentada y que no se explicó por qué la Ley afectaba derechos constitucionales.
Sin embargo, no se descarta que una nueva demanda en contra de la Ley de Sostenibilidad Fiscal pueda ser presentada para estudio de la corporación.
SUPERSALUD DEBE REGISTRAR QUEJAS DE PACIENTES CON ENFERMEDADES HUÉRFANAS
La Ministra de Salud y Protección Social, Beatriz Londoño Soto, anunció hoy en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que le solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud que se tenga un registro específico de las quejas y reclamos que hagan los pacientes con este tipo de patologías para que se pueda hacer un seguimiento de cuáles son los inconvenientes que están presentando en la atención.
“Hoy la Superintendencia no diferencia en las solicitudes de quejas o reclamos si es un paciente con una enfermedad rara o es con otra patología. Por eso, es que a partir del domingo 1 de abril, deberá tener lista esta información, tienen todo el próximo mes para que haga los ajustes necesarios. Una vez tengamos esta información podremos cruzarla con el registro que se está construyendo conjuntamente con las asociaciones de pacientes y así garantizarles la atención que requieren” dijo la Ministra Londoño Soto.
Además hizo un llamado a todas las EPS para que “cuando tengan un diagnóstico de un paciente con una enfermedad huérfana o rara cuya indicación terapéutica es un medicamento no incluido en el Plan Obligatorio de Salud, POS, deben atender al paciente y tienen el deber a sus vez de recobrarlo, debidamente documentado, al Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga”
De igual forma la Ministra aseguró que en ningún momento el Gobierno Nacional ha pensado en exclusiones de ninguna de estas patologías del Plan Obligatorio de Salud y que se trabajará en la actualización de guías y se hará una revisión permanente de que los pacientes con enfermedades raras estén afiliados y que su proceso de atención se dé evitando de esta manera discontinuidad en atención y tratamiento.
LA CORTE CONSTITUCIONAL LANZA ADVERTENCIA A LA PROCURADURÍA
La Corte Constitucional advirtió que la Procuraduría General no puede solicitar que se investigue a las mujeres jueces, médicos y otros funcionarios que intervengan en el proceso de interrupción voluntaria del embarazo.
El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al negar la nulidad que había presentado el Procurador, Alejandro Ordóñez, contra una sentencia que hablaba del aborto en los tres casos despenalizados como un derecho fundamental.
La Corporación señala que no se puede perseguir a quienes utilizan la tutela como mecanismo para hacer valer sus derechos, en este caso a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida de la madre o del bebé se encuentre en peligro, o cuando el embarazo sea producto de una violación.
Los magistrados agregan que ningún funcionario puede pedir que se revele el nombre de la mujer o el médico que intervenga en el aborto cuando los jueces ordenen la reserva de los nombres de todos los participantes.
En el fallo la Corte ordena que se investigue a un médico y a un juez que violaron esa reserva enviando una información que el Procurador había solicitado.
REVISTA SEMANA
¿QUIÉNES PODRÍAN SER TERNADOS PARA FISCAL GENERAL?
La fiscal Viviane Morales podría volver a estar en la terna. Pero también suenan reconocidos juristas que podrían estar entre los postulados por Santos. Humberto Sierra Porto, Eduardo Cifuentes, Carlos Gustavo Arrieta, Manuel José Cepeda y Fernando Carrillo han sido cercanos al presidente de la República
El presidente Santos advierte que los candidatos serán personas que continúen la política de lucha contra el crimen y la corrupción que ha liderado la fiscal Viviane Morales. Expertos en justicia penal podrían hacer parte de la terna.
El presidente Juan Manuel Santos tiene que recomponer la terna para fiscal general. Muchos piden celeridad, pero el mandatario anunció prudencia para conocer los alcances del fallo del Consejo de Estado y ser notificados para proceder.
Y tiene que recomponer la terna porque de aquella enviada a la Corte Suprema de Justicia en septiembre del 2010, Juan Carlos Esguerra, es actual ministro de Justicia. Carlos Gustavo Arrieta dijo que no le interesa continuar como candidato, pero en el Gobierno no lo descartan. Y Viviane Morales podría repetir postulación, pues el propio presidente Santos no desechó la posibilidad.
Tan pronto el Gobierno sea notificado, entrará a proceder. Morales podría encabezar la terna. A su favor tiene algo más de un año al frente de la Fiscalía en una gestión que ha sido respaldada por muchos sectores del país.
Santos dijo este miércoles que la Fiscalía en cabeza de Viviane Morales ha venido desarrollando, con el apoyo irrestricto del Gobierno, una lucha contra el crimen y contra la corrupción, “y ha tocado sectores y personas muy sensibles”.
No es la primera vez que el Gobierno la respalda, pues hace mes y medio, cuando la polémica por la vida personal de Morales trascendió, Santos no dudó en reiterarle su apoyo.
Otra ventaja es que la vigente ley de cuotas establece, para este tipo de ternas, que el 30 por ciento de la representatividad corresponda a uno de los géneros.
Si Morales resulta ser postulada, al Gobierno le corresponde buscar los otros dos candidatos. Según el presidente Santos, la persona que resulte elegida "seguirá con esa política de lucha contra el crimen y contra la corrupción".
El Gobierno no se pronunciará, ni dará pistas, tal y como lo hizo Santos alguna vez antes de designar al ministro de Justicia. Pero fuentes del Ejecutivo consideran que los posibles candidatos podrían salir de una baraja de expertos en temas penales, y con la característica de ser muy respetados por el propio presidente.
Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, recordó que los requisitos que deben presentar aquellas personas que sean ternadas para la elección del nuevo Fiscal son los establecidos en la Constitución Política, que son los mismos requisitos exigidos para el cargo de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Personas con esos requisitos, y tal vez cercanas al presidente Santos, han sido las que han empezado a sonar.
Carlos Gustavo Arrieta, quien fue procurador general durante el gobierno liberal de César Gaviria, ha sido muy cercano a Juan Manuel Santos. Por ejemplo, fue quien coordinó la plataforma anticorrupción y de reforma a la justicia para su campaña. Además, hace 20 años, en plena época del narcoterrorismo, coordinó un controvertido estudio de la Universidad de Los Andes que abría el debate sobre la despenalización de la droga. Su hoja de vida puede ser pensada por el Gobierno, así Arrieta se haya anticipado a negar su interés de ser ternado.
También suena un exconstituyente: Fernando Carrillo. Fue ministro de justicia en el gobierno de César Gaviria luego de haber sido presidente de la Comisión de Justicia de la Constituyente. Allí compartió Gabinete con el hoy presidente Santos. El año pasado hizo parte de la comisión de empalme del Gobierno antes de entrar a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Europa.
Sin embargo, el Gobierno ya le encomendó una misión. Ponerse al frente de la agencia de defensa jurídica de la Nación, instaurada por la reciente reforma al Estado, y que tiene el objetivo de impedir que prosperen demandas contra la Nación que estarían avauladas en 1.000 billones de pesos. No se sabe si el Gobierno decida cambiarlo de misión.
Dos exmagistrados de la Corte Constitucional también suenan: Manuel José Cepeda y Eduardo Cifuentes.
Cepeda actualmente hace parte de la Comisión asesora del Gobierno para reformar la justicia penal militar. Su labor podría culminar ahora cuando ha presentado las sugerencias al Ejecutivo para adelantar esta iniciativa.
Cifuentes ha sido cercano al Gobierno, estuvo en la baraja para ministro de Justicia y recientemente fue postulado por Colombia para ser juez de la Corte Penal Internacional, pero fue derrotado.
Fuentes del Gobierno tampoco descartan que el exmagistrado Humberto Sierra Porto, autor de la ponencia que tumbó la segunda reelección presidencial, pueda aparecer en la baraja de los posibles llamados.
El Gobierno advierte que tomará la decisión con calma, pero mientras se notifica de los alcances del fallo del Consejo de Estado, el sonajero empezó a moverse.